La Diputación de Barcelona aprueba ayudas para instalaciones fotovoltaicas municipales

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La Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno las subvenciones para 60 instalaciones de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo presentadas por municipios de la demarcación, con un importe global de 800.000 euros a ejecutar durante dos años. La Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de subvenciones a un total de 22 entidades ambientales por un importe de 70.000 euros.

Las ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo tienen por objetivo reducir los consumos energéticos de los edificios municipales y los costes de la compra de energía eléctrica, a la vez que comportarán una importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del cambio climático. Las subvenciones financiarán hasta el 70% de la instalación, con un tope máximo de 15.000 euros por municipio y en su conjunto, las instalaciones totalizarán un megavatio de potencia.

La convocatoria se inserta en las políticas del Área de Acción Climática de impulsar la transición energética y la implantación de las energías renovables, en el marco del Pacto de los Alcaldes y las Alcaldesas por el Clima y la Energía de la Comisión Europea , cuya Área es entidad coordinadora territorial. En este sentido, el diputado del Área de Acción Climática, Xesco Gomar, remarcó que « con medidas como ésta queremos mostrar que la recuperación económica y social de la crisis sanitaria se fundamenta en la sostenibilidad y nos lleva a reforzar la transición energética y el uso de las energías renovables como vía de recuperación ». La iniciativa se suma a la construcción de 37 instalaciones fotovoltaicas más licitadas recientemente por la Diputación de Barcelona en el marco del proyecto FEDER.

Los entes locales subvencionados son los municipios de Alpens, Avinyó, Balenyà, Cabañas, Cabrera d’Anoia, Cabrera de Mar, Calldetenes, Callús, Casserres, Castellfollit del Boix, Centelles, Cercs, Dosrius, la Ardilla, Font-rubí, Gallifa, Gurb, Yuca, Malla, Manlleu, el Masnou, Mataró, Moià, Mollet del Vallés, Montclar, Muntanyola, Olost, Orís, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Roda de Ter, San Bartolomé, San Boi de Llobregat , Sant Cebrià de Vallalta, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, iris Sesgueioles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugenia de Berga, Santa Maria de Oló, Santa Perpètua de Mogoda , Seva, Sora, Taradell, Tavèrnoles, Terrassa, Tiana, Tona, Torelló, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vacarisses, Vilada, Vic, Viladecavalls, Vilafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú,y la entidad municipal descentralizada de Sant Miquel de Balenyà.

Ayudas a entidades ambientales

La Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona también ha aprobado las ayudas de la convocatoria presentada por el Área de Acción Climática en un total de 22 entidades ambientales. Esta ayudas, con un importe global de 70.000 euros, tienen por objetivo fomentar proyectos y actividades de entidades del sector ambiental en la sensibilización y la participación ciudadana en los ámbitos de la acción climática, la prevención de residuos, especialmente de los plásticos y el educación y la conservación en ecosistemas acuáticos continentales.

Los criterios principales de otorgamiento han sido la calidad y el carácter innovador de la actuación, su viabilidad técnica, el impacto social y la promoción de la participación ciudadana, el interés del proyecto desde el punto de vista educativo y de sensibilización ambiental y la replicabilidad de los proyectos. También se ha prestado especial atención a los proyectos de aprendizaje y servicio (ApS), una propuesta educativa emergente que combina procesos de aprendizaje del alumnado con servicios a la comunidad y de mejora del entorno.

Cabe destacar que con motivo de la situación de emergencia sanitaria se han modificado algunos de los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones inicialmente previstos. De este modo, se ha querido facilitar tanto la tarea de las entidades beneficiarias como la consecución de los objetivos ambientales programados.