Cuenta atrás para el nuevo regulador único

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Los expertos siguen sin ver claras las bondades de la comisión que fusionará mercados y competencia, de la que aún recelan en Bruselas

En apenas tres meses echará a andar la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el supraente que asumirá las funciones de cinco de los reguladores actuales -quedan fuera el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, así como de la autoridad que vela por la competencia. En realidad, no tendrán las mismas atribuciones, y esa es una de las principales críticas que ha recibido antes incluso de su nacimiento.

Hablamos de un proyecto único, casi sin parangón no ya en la Unión Europea -donde solo Estonia y Holanda (desde abril y rodeado de una gran polémica parlamentaria) cuentan con un organismo que puede tener parecido con el español- sino incluso dentro de las economías desarrolladas (OCDE), nada que ver con lo que ocurre en los grandes referentes continentales como Alemania, Francia y Reino Unido. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció su creación en febrero del 2012 en aras a la «optimización de medios», el ahorro de costes y una mayor coordinación.

En la práctica, sin embargo, tales pretensiones parecen quedarse a medio camino. En la medida en que se unifican cuatro reguladores (energía, telecomunicaciones, transportes y postal) y una autoridad de supervisión (competencia) en un solo órgano, tal «optimización» sería factible. Sin embargo, en la práctica, el ajuste de medios y personal (más allá de las sedes) será menor, pues la carga de trabajo no va disminuir con la fusión de esas instituciones.

Lo mismo se puede predicar del ahorro de costes. En la memoria económica de la ley que crea la CNMC se habla de un ajuste de hasta 28 millones de euros, siete veces más de la cantidad inicial que la ‘número dos’ del Ejecutivo contemplaba hace un año y medio. La cifra, sin embargo, tiene trampa, puesto que el Ministerio de Economía ha contado lo que habría costado montar las tres nuevas comisiones que preveía la ya casi enterrada Ley de la Economía Sostenible que José Luis Rodríguez Zapatero quiso situar como uno de los hitos de su presidencia.

Ahorro hipotético

Hablamos, por tanto, de cantidades estimativas de un coste que no se ha llegado a desembolsar -las comisiones de medios audiovisuales, aeropuertos y juego no llegaron a crearse-, de modo que el ahorro sería virtual. Es más, las otras comisiones que están operativas a día de hoy se autofinancian con las tasas anuales que cobran a las empresas de los sectores regulados, además de las sanciones que les imponen por sus infracciones. Esos fondos, sin embargo, pasarán ahora a ser controlados por el Ministerio de Industria, que situará a la CNMC como un capítulo más dentro de sus presupuestos.

Y no es el único control exclusivo que tendrá desde principios de octubre, con la puesta en marcha de la nueva supracomisión, el Gobierno -bien Industria, bien Economía (para los temas de competencia)- recuperará un papel intervencionista que no tenía desde hace años. Atribuciones importantes que hasta ahora recaían en manos de la Comisión Nacional de la Energía o de las Telecomunicaciones quedarán bajo el mando del departamento que dirige José Manuel Soria. Por ejemplo, la función de consulta en los sectores eléctricos y de hidrocarburos con las comunidades autónomas, las empresas y los consumidores, o la posibilidad de condicionar operaciones de venta de activos estratégicos. También el registro de operadores telefónicos, la resolución de conflictos con las compañías, la interconexión, la portabilidad o la numeración.

Por último, respecto a que vaya a mejorar la coordinación, los expertos de los sectores afectados lo dudan seriamente. La nueva ley exige una serie de informes cruzados que, en la práctica, supondrán más burocracia, amén de una especialización aún mayor para resolver en una misma comisión temas tan dispares como, por ejemplo, la formación de precios en el sector eléctrico, el coste de los SMS en la telefonía o la competencia entre constructoras. Y mientras, la Comisión Europea -que llegó a amenazar a España con un procedimiento de infracción por la falta de independencia de este supraente- observa con recelo cuestiones como las atribuciones efectivas de competencias o el proceso de nombramiento y cese de los consejeros. Bruselas ya ha advertido de que todavía no ha dicho su última palabra.