El Principado alerta de prácticas comerciales “agresivas” de las eléctricas en Asturias

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La Administración asturiana dio la alerta ayer sobre lo que calificó como prácticas comerciales “agresivas” y “poco transparentes” de “algunas” compañías eléctricas, en el contexto de los cambios que se están produciendo en la tarifa de la luz. Las autoridades de consumo hicieron un llamamiento a los usuarios para que estudien detenidamente las ofertas que puedan recibir. También precisaron que las devoluciones anunciadas por el Ministerio de Industria para los hogares que pagaron de más durante los primeros meses de este año sólo corresponde a los consumidores que están dentro del sistema de tarifa regulada y no a los que tienen la luz contratada en el mercado libre. En principio, eso deja fuera de las citadas devoluciones a más de doscientos mil usuarios asturianos.

Ante los cambios que se avecinan en el funcionamiento del sistema eléctrico y en la forma de determinar el precio de la luz, las compañías eléctricas están desplegando estrategias comerciales para fidelizar a sus propios clientes y captar otros nuevos. Varias de esas empresas han publicitado en las últimas semanas nuevas ofertas y en algunos casos han intensificado las visitas a domicilio y el marketing telefónico. Los hogares reciben así propuestas para dejar el sistema de tarifa (precio regulado por el Gobierno) y pasarse al llamado mercado libre, donde las eléctricas ofrecían hasta fechas recientes sólo descuentos testimoniales (poco más de un euro mensual de ahorro) que últimamente tienen mayor enjundia (hasta 42 euros de rebaja al año para un consumo medio).

En medio de ese trajín, la Inspección de Consumo del Principado, dependiente de la Consejería de Sanidad, ha recibido quejas por maniobras que pueden confundir al usuario. “Algunas compañías están llevando a cabo prácticas comerciales agresivas y poco transparentes, aprovechando el cambio de facturación que introduce la normativa, para convencer a los usuarios de que deben pasar al mercado libre”, expuso ayer la citada consejería por medio de un comunicado. Esto es, se están detectando casos de empresas eléctricas que empujan a los consumidores a aceptar sus ofertas de mercado libre con el argumento de que la tarifa regulada desaparece. Pero no hay tal desaparición, sino un cambio de nombre. El Gobierno ha decidido que la hasta ahora llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), con 16 millones de abonados en todo el país, pase a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

El Principado añade el siguiente consejo para quienes estén recibiendo ofertas: “Se recomienda a los consumidores que cuando un comercial les visite en su domicilio o les llame por teléfono, pidan que se les facilite la oferta por escrito antes de aceptar el contrato, con el fin de que puedan estudiar detenidamente las condiciones y analizar si son las más favorables para sus necesidades”. La comunicación de Sanidad precisa también: “No obstante, si después de haber firmado un contrato los consumidores constatan que no se ajusta a lo que esperaban, disponen de un plazo de siete días hábiles para cancelarlo sin tener que justificar su decisión y sin coste alguno”. Tal plazo se ampliará a 14 días naturales a partir del próximo día 13 de junio.

Las autoridades asturianas añaden otra advertencia referida a las devoluciones a las que tienen derecho los usuarios por los consumos del primer trimestre del año. “Esta devolución sólo les corresponde a los consumidores que están acogidos a la antigua TUR (Tarifa de Último Recurso) y no a los que optaron por el mercado libre”, señala Sanidad. Esta precisión tiene una relevancia singular en Asturias, donde una parte muy importante de las familias tienen la luz contratada en el mercado libre, principalmente por la intensa labor comercial desplegada por EDP-HC, compañía hegemónica en la región. Según una aproximación basada en datos del mercado, los consumidores asturianos que están en el mercado libre y por tanto fuera del sistema de tarifa superan ampliamente los 200.000.

Conforme al criterio expresado por el Principado, las eléctricas no están obligadas a devolver dinero a esos hogares, incluso aunque sus contratos tengan como referencia el precio de la TUR, algo que ocurre con frecuencia. La obligación de devolver dinero a los clientes acogidos a la tarifa nace del hecho de que el precio que abonaron por la energía consumida durante el primer trimestre del año y que había sido fijado en diciembre de 2013 por el Gobierno resultó muy superior a que efectivamente pagaron las compañías comercializadoras por adquirir esa energía en el mercado mayorista entre enero y marzo. El Ministerio de Industria ha estimado que un hogar con un consumo medio puede recibir una devolución de unos treinta euros. No llegarán a los clientes de mercado libre, salvo que las eléctricas decidan rescarcir a sus clientes.

Fuente: LNE