El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un Proyecto de Ley que obligará a que, en los contratos con el conjunto de la administración para el abastecimiento de energía, se compre solo con las que «demuestren» que la que proporcionan viene «de energías limpias».
El objetivo de este proyecto busca asegurar el abastecimiento y distribución de energías 100% verde y la reducción definitiva de CO2.
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Así lo ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto de entrega de los tres distintivos de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial correspondientes al año 2019.
Según ha detallado, esta norma obligará, «por primera vez en España», a que todos los edificios públicos de la Administración se tengan que abastecer de energía alternativa. La norma, de la que inicialmente quedará excluido el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que «lo hará más adelante», permitirá, según García-Page, «ahorrar dinero y contaminación».
