El Gobierno aprobó recientemente una serie de medidas destinadas a empresas con mayor consumo de energía con el objetivo de reducir los costes y de esta manera evitar cierres de factorías como los que amenazan a las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés y el que mantuvo en vilo a los trabajadores de Vestas en Villadangos del Páramo (León).
El consejo de ministros que han aprobado estas medidas buscan soluciones para las quejas contundentes dadas por las industrias ante los decretos de ley acordados. La ministra de Industria, Reyes Maroto, defendió en rueda de prensa que estas medidas tienen como objetivo reducir los costes energéticos de la industria, sector que definió como estratégico, y se busca garantizar su competitividad y tratar de elevar su peso en la economía nacional y en el empleo.
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Las tres grandes soluciones que plantea el Ministerio de Industria ante la pérdida de competitividad que sufren las llamadas empresas electrointensivas, y que se incluyen dentro del decreto-ley de medidas de impulso a la industria y el comercio aprobado son, crear redes eléctricas internas en los principales polígonos, elaborar un estatuto del consumidor electrointensivo que reconozca esa peculiaridad y el pago inmediato de las compensaciones por los costes derivados de las emisiones de CO2.
Respecto al primero de los objetivos, el Gobierno permitirá la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas en polígonos y regiones industriales donde se concentran algunas de las fábricas que más electricidad consumen, como Tarragona y Huelva, con gran presencia de compañías petroquímicas.
Con la creación de esta figura Industria considera que se proporcionará a estas compañías «escenarios predecibles para sus costes energéticos, dotando de seguridad a las inversiones industriales». Ese estatuto, en todo caso, no solo recogerá derechos, sino también obligaciones para estas compañías. Maroto expresó que a partir de ahora las subvenciones por costes energéticos que suele recibir estas empresas, como aquellas que compensan los costes indirectos de emisión de CO2, estarán condicionadas al mantenimiento de las factorías.
las compañías que reciban subvenciones de este tipo tendrán la obligación de mantener la actividad durante al menos tres años y no podrán despedir a más del 15% de sus plantillas.
