La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el informe en el que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiar el bono social eléctrico en 2019. El organismo regulador ha determinado que el 92,7% de la financiación corresponderá a los cinco grandes grupos eléctricos y el 7,2% restante a otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica.
El bono social reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.
Entre 2015 y 2016 varias sentencias del Tribunal Supremo anularon el sistema de financiación del bono social al considerar que vulneraba el principio de proporcionalidad, ya que solo recaía sobre una parte de las empresas del mercado eléctrico. De esta forma, excluía de su financiación a otras de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria.
A raíz de dichas sentencias, el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, estableció unos nuevos criterios de reparto y determinó que la financiación corriera a cargo de todas las comercializadoras de energía en función de su número de clientes.
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Según la normativa, la CNMC es el organismo que se encarga de calcular el porcentaje asignado a las distintas compañías (254 sociedades y 20 grupos de sociedades) para financiar el coste del bono social. A partir de los datos aportados por las empresas, el organismo ha determinado que el 92,7% de la financiación corresponderá a los cinco grandes grupos eléctricos y 7,2% restante, a otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica.
