Recientemente se conoció que tras las negociaciones entre la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros se ha llegado a un acuerdo sobre la directiva de energías renovables para 2030, que entrará en vigor en 2021. El objetivo acordado es que el 32% de la energía final consumida en ese periodo deberá ser de origen renovable.
Este porcentaje no llega al 35% reclamado por el Parlamento Europeo, aunque sobrepasa las estimaciones de los Estados miembros, que abogaban por un 27%, pese a que había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como es el caso de España, cuya ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se había mostrado partidaria de cerrar un objetivo «del 34%».
Aunque los negociadores no han alcanzado todavía un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030, si hay consenso sobre establecer el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar sujetas a tasas punitivas o a excesivas limitaciones.
Fin del impuesto al sol
Desde Greenpeace aplauden esa decisión de involucrar al ciudadano en ese proceso de democratización de la energía, al tiempo que se congratula de que ya no se les penalice «con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas». Así pues, la nueva legislación es incompatible con el impuesto al sol y las demás barreras que los autoconsumidores sufren en España, por lo que la organización ecologista «urge al Gobierno y el Parlamento español a modificar la legislación nacional para adaptarla a la europea».
Califican de «victoria de la ciudadanía» esta decisión de la EU y argumentan que, desde hoy, «es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas». No obstante, Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España, se muestra cauta al reconocer que «no todas son buenas noticias», ya que «tendremos que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos», que los acordados del 32%, para «poder luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones».
En este contexto, desde Bruselas se sostienen que el acurdo introduce un marco legislativo más claro y estable para el autoconsumo, aumentando los niveles para los sectores del transporte y la calefacción y refrigeración y mejora la sostenibilidad en el uso de bioenergía.
