El Gobierno en funciones aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de noviembre, el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer las energías renovables e impulsar la reactivación industrial en las zonas afectadas por el próximo cierre de centrales térmicas de generación eléctrica.
En su comparecencia ante la prensa, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha afirmado que esta nueva regulación pretende «recuperar la confianza de los inversores en energías renovables», que se vieron afectados por la reforma del sector en el año 2013 aplicada por el Gobierno de Rajoy. En aquel momento, comentó Ribera, el cambio en las premisas de rentabilidad y de retribución sobre las que los inversores habían hechos sus cálculos iniciales «redujo enormemente las previsiones de recuperación de la inversión previa y provocó una enorme conflictividad».
En 64.000 asciende el número de plantas afectadas por aquella modificación, según referenció la ministra, quien también se ha refirió a los numerosos litigios y procesos arbitrales que iniciaron los inversores afectados -en su mayor parte internacionales- y que han propiciado sentencias compensatorias e indemnizaciones para que el Estado compense a los inversores.
Rentabilidad del 7,39%
El Real Decreto-ley, que ha entrado en vigor ayer, permite a estos inversores con instalaciones anteriores a 2013 mantener hasta el año 2031 la rentabilidad actual por sus instalaciones en el 7,39%, siempre que renuncien a percibir las compensaciones aprobadas a su favor o desistan de los procesos arbitrales o judiciales en curso. Asimismo, actualiza con carácter general el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos en el periodo 2020-2025, que será del 7,09% frente al 7,39% actual de media.
Con el objetivo de que «en las zonas afectadas no se produzca un apagón sino una transformación de la actividad industrial y económica», el texto contempla medidas destinadas a paliar el impacto que supondrá el cierre, a lo largo de 2020, de ocho de las catorce centrales de generación de energía a partir del carbón.
Así, Ribera ha confirmado que tendrán prioridad los futuros proyectos de energías renovables que destinen su inversión «a generar empleo de calidad en las zonas afectadas» en cuanto a las concesiones para la evacuación de electricidad a la red general y el uso de aguas que quedarán liberadas cuando las centrales térmicas cesen su actividad.
Primeras reacciones
Una vez conocida la noticia, las reacciones de las asociaciones sectoriales no se han hecho esperar. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha realizado una valoración muy positiva de este Real Decreto-Ley y el nuevo marco retributivo «claro» que establece para los proyectos fotovoltaicos existentes. «Esta norma da respuesta a una necesidad urgente del sector fotovoltaico y renovable», aseguran desde UNEF, que en los últimos años «ha sufrido las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria y a la constante incertidumbre que ésta supone».
Bajo la premisa de que el mantenimiento del valor de la rentabilidad razonable de aplicación al régimen retributivo específico para los proyectos fotovoltaicos existentes es un paso importante hacia la estabilidad y seguridad jurídica y da señales positivas a futuro para los inversores. De ahí que Jorge Barredo, presidente de UNEF, declare de suma importancia «eliminar la incertidumbre es fundamental para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima».
UNEF también aplaude la iniciativa de concesión de la capacidad de acceso que se libere después del cierre de las centrales térmicas a tecnologías limpias en base a criterios medioambientales y sociales. «La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo», destaca Barredo.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) también se congratula por una rentabilidad razonable de las instalaciones renovables, fijada mediante un nuevo real decreto por el Gobierno en el 7,05% para el siguiente periodo regulatorio (2020-2025), que contribuye a «eliminar la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes».
En su comunicado, APPA valora positivamente que, a escasas semanas del cambio de periodo regulatorio, el Gobierno haya dado «los pasos necesarios» para que el Congreso pueda convalidar la normativa y que proporciona «visibilidad de la futura retribución para las nuevas instalaciones». Coincidiendo con UNEF, en APPA matizan que esta nueva norma trata de devolver al sector renovable la estabilidad, «al evitar el vacío legal que se hubiera producido el 31 de diciembre con el final del período regulatorio».
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se suma a esas positivas valoraciones sobre la aprobación del real decreto ley que establece la nueva retribución a las renovables, al considerarla «una medida importante» para afianzar la seguridad jurídica para las instalaciones del sector eólico y «una base fundamental para construir la confianza de los inversores de cara al reto de financiar la transición energética planificada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)».
En su comunicado, AEE demanda un consenso entre las principales fuerzas políticas para la convalidación en el Congreso del real decreto ley, ya que «este consenso político es un punto de inflexión para una economía descarbonizada y el desarrollo de las renovables en nuestro país», resume la Asociación.
