Industria pide a la CNMC que elabore una propuesta alternativa a la Cesur

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A través de un oficio remitido al mediodía de hoy a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Industria solicitó a este organismo supervisor una propuesta de sistema alternativo a la actual subasta eléctrica para fijar el precio de la energía en la tarifa de último recurso (TUR) para 2014.

Esta decisión fue avanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en unas declaraciones tras su reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, en las que aludió a un nuevo procedimiento que estaría listo antes del 1 de enero.
 La CNMC decidió en la madrugada del viernes invalidar la vigesimoquinta subasta Cesur celebrada el jueves, de la que resultó una subida del precio de la energía de la TUR del 11%, “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. El Gobierno le había pedido una investigación el mismo jueves y mostró su disposición a anular una subasta a la que acudieron, como es habitual, una treintena de ofertantes, la mayoría bancos y empresas de trading europeos.
La decisión del Gobierno de intervenir los precios eléctricos, algo que ha hecho al admitir la anulación decidida por la CNMC, no tiene precedentes y ha desatado multitud de interrogantes. Por el momento, el organismo que preside José María Marín Quemada tiene 15 días de plazo para elaborar un informe en el que justifique con la ley en la mano su decisión. El artículo 14 de la Orden 1659/2009, que regula estas subastas, establece la posibilidad de que la CNMC no las valide en el caso de que detecte indicios sólidos de un comportamiento anticompetitivo, por ejemplo, algún tipo de pacto entre los agentes.
De ser este el argumento legal, la Sala de Competencia de la CNMCdebe abrir de inmediato un expediente sancionador a los sospechosos. De no ser así, la razón con la que quiere justificar la suspensión de la subasta es que en la misma “no ha habido presión competitiva”. Un argumento “poco sólido, pues no figura en los supuestos de anulación que establece la norma”, aseguran fuentes jurídicas. Es necesario demostrar “conductas activas que no las determina la falta de presión competitiva”.
Distintas fuentes consultadas consideran muy difícil probar una manipulación de la subasta. Otra cuestión es lo ocurrido con los precios en los días anteriores a la subasta. De hecho, el pasado 10 de diciembre la Sala de Supervisión Regulatoria había iniciado un proceso de información previa para analizar los movimientos inusuales que se estaban produciendo en la fijación de precios del mercado mayorista.
Sea como fuere, la intervención política de los precios eléctricos no tiene hoy cobertura legal, por lo que el Gobierno no podrá mantener por mucho tiempo esta situación y deberá buscar una solución. La normativa permitiría mantener el precio de la última Cesur, la que se celebró en septiembre, hasta la próxima subasta trimestral, y a los consumidores se les cobraría en el primer trimestre la media de ambas. Eso sí, mientras tanto, pagarían una TUR a cuenta, que después se ajustaría. Pero este es un mecanismo complicado que no parece que el Ministerio de Industria quiera activar.
Opciones
Una opción drástica sería eliminar las subastas y otra mejorar el actual sistema. De hecho, la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE), integrada desde octubre en la CNMC, enviaba periódicamente al Ministerio de Industria, tras cada subasta, un “informe de desarrollo y mejoras”, que siempre ha caído en saco roto.
De hecho, en la nota de prensa en la que la CNMCdaba ayer cuenta de la anulación de la subasta señalaba que “el regulador [la CNE] había recomendado cambiar el esquema de subasta desde hace cuatro años”. Este mecanismo lleva cuatro años funcionando, lo mantuvo dos años el Gobierno del PSOE y lleva otros dos años vigente con el actual Ejecutivo de Rajoy.
Se avecina una lluvia de pleitos
Tanto para el presidente del Gobierno como para el titular de Industria y la vicepresidenta, lo importante es que “la luz no va a subir un 11% en enero”. Así lo aseguraron el viernes, en distintas ocasiones, Mariano Rajoy, José Manuel Soria y Soraya Sáenz de Santamaría tras conocerse la decisión de la CNMC de invalidar el resultado de la subasta Cesur que el Gobierno secundó.
Sin embargo, la enorme incertidumbre generada con esta decisión puede suponer para los consumidores un alto precio. Por el momento, ayer el mercado de futuros se quedó “muerto, sin liquidez”, por lo que, si el Gobierno mantiene el sistema de subastas mejorado, las ofertas podrían escasear y, por tanto, serían caras.
Por otro lado, no se descarta que los agentes que han participado en la puja, de no demostrarse ninguna colusión, puedan reclamar daños y perjuicios al Gobierno. Muchos habían comprado en las últimas semanas para vender en la Cesur.
Hay quien interpreta que muchas de estas entidades habían querido compensar las pérdidas registradas por los bajos precios spot a lo largo del año en la subasta eléctrica española, cuyo resultado superó al de los futuros en un 7%.
Pero también las empresas eléctricas están en el punto de mira. En el propio Gobierno se las considera responsables de la fuerte subida de precios desde principios de diciembre, “coincidiendo con la confirmación de que Hacienda no apoyaría al sistema eléctrico con los 2.200 millones prometidos y se anunció el reconocimiento de un déficit de tarifa de, al menos, 3.600 millones para este año.
Fuente: cincodias