La fotovoltaica provoca a Montoro: también quiere aval del Estado para titulizar deuda

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Las energías renovables no se sienten ciudadanos de segunda. Y si el Ministerio de Hacienda se aviene a titulizar la deuda contraída con las eléctricas y concederle aval del Estado, los huertos solares no quieren ser menos.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) reclamó ayer al Gobierno que, si no es capaz de afrontar el pago de la retribución comprometida con el sector, evite los recortes y utilice una fórmula similar a la pactada ayer con las Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Esto es, que aplace los abonos y conceda a los afectados la posibilidad de acudir al mercado con la garantía del Estado. Sencillo y, al tiempo, toda una provocación.
“Esta titulización consistiría en un diferimiento provisional de los ingresos que correspondan a los generadores fotovoltaicos en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, que se aplazarían al periodo 2017 a 2020 –recoge la propuesta presentada al Gobierno–. Unos ingresos diferidos que estarían reconocidos a sus propietarios con la emisión de títulos con garantía del Estado. Esta medida tendría un impacto moderado y predecible en la rentabilidad de los generadores fotovoltaicos, que, al poder descontar los títulos en sus balances, podrían minimizar el impacto financiero en el corto plazo”.
El Ejecutivo, con el ministro de Industria a al cabeza, se mostraba firme hasta el pasado miércoles: las eléctricas tendrían que asumir en sus balances 2.200 millones de un crédito extraordinario ya aprobado, 900 millones para subvencionar la energía en las islas y 500 millones de céntimo verde, un dinero que el Gobierno se había comprometido a aportar y cuya ausencia llevaba al sistema eléctrico a los números rojos al no alcanzar los ingresos para cubrir los costes. Sin embargo, el jueves todo cambiaba. Montoro pactaba con los Galán, Prado o Gabarró buscar fórmulas para titulizar esos fondos. Y con aval del Estado.
“Desde Unef reclamamos una vez más un tratamiento justo y consensuado que permita solucionar el problema del déficit de tarifa sin que suponga la destrucción del sector. Un tratamiento similar al que están recibiendo por parte del Estado las grandes compañías eléctricas tradicionales con la titularización de su deuda”, expone la asociación que preside José Donoso, más como un desahogo que desde una esperanza de éxito. De hecho, recuerda que este planteamiento ya fue trasladado el pasado mes de abril al Gobierno, que lo “desestimo sin ninguna propuesta alternativa de negociación”.
Para la agrupación, la propuesta permite “financiar durante tres años parte de los ingresos, ofreciendo al sistema eléctrico la posibilidad de recuperar la demanda, que actualmente se ha visto reducida por la crisis”. Y como en el caso de las eléctricas tradicionales, “la financiación de este diferimiento no supondrá coste alguno para el sistema ni, por tanto, incremento alguno del déficit de tarifa”.
Ausencia de certezas
Este órdago se produce apenas días después de que el Ministerio de Industria remitiera a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su real decreto sobre renovables. Un documento tamizado tras las observaciones de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que, según la primera evaluación realizada por los afectados, no hace sino incrementar la incertidumbre sobre el futuro de las energías limpias.
“Se complica aún más tener certeza alguna sobre las rentabilidades o los flujos de caja”, explicaban fuentes del sector tras revisar la norma, que constituye la base legal para sustituir el antiguo modelo de primas por una “rentabilidad razonable” marcada por las obligaciones del Estado a diez años más un diferencial.
Para Unef, la cosa está clara. “El nuevo texto empeora las condiciones para los inversores, desoyendo a la Comisión Europea y a todos los organismos reguladores. Su aplicación supone la imposibilidad de financiar nuevos proyectos o refinanciar los existentes, al tiempo que deja la puerta abierta a la eliminación de la prioridad de despacho de las renovables”, exponía la asociación en un comunicado. Y hacía hincapié en que la retribución puede variarse cada tres años y “el Gobierno se faculta para cambiar de forma discrecional cada seis años el concepto de rentabilidad razonable para las instalaciones que ya perciben el nuevo régimen económico”. Todo un ataque a la línea de flotación de la seguridad jurídica.
Lo más importante, la revisión sistemática del concepto de rentabilidad razonable y del diferencial que se aplica sobre la media del rendimiento de las obligaciones del Estado a 10 años abre para Unef un melón de consecuencias irreparables, al introducir una incertidumbre que impide renegociar con los bancos la continuidad de los proyectos. “Las diferentes normativas retroactivas han situado a la mayoría del sector al borde de lo que, técnicamente, se conoce como default, es decir, que los proyectos no generan la suficiente tesorería como para satisfacer el servicio de la deuda. El hecho de no poder refinanciar esa deuda supondrá la quiebra de estas empresas”, expone la asociación. Un frente más para un sector en plena ebullición.
Fuente: El confidencial