Las familias numerosas perderán el bono social eléctrico desde 34.691 euros

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El Ministerio de Industria ha detallado los mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa de la que podían beneficiarse todas las familias numerosas al margen de sus ingresos y que solo podrán mantener familias de cinco miembros cuya renta anual conjunta no supere los 34.689 euros.

En uno de los proyectos de real decreto remitidos por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se detallan los umbrales mínimos de renta para poder solicitar o mantener el bono, una tarifa congelada desde 2009, según un borrador al que ha tenido acceso Efe. Estos serán: 120% del salario mínimo interprofesional (SIM) para el primer miembro de la familia (10.841 euros al año), 70% del SIM para el segundo (7.588 euros al año) y el 50% (5.420 euros al año) para los siguientes.

La propuesta, sobre la que la CNE debe emitir su informe antes de su aprobación definitiva, establece que para poder acogerse, o mantener esta tarifa social durante los próximos dos años, se deberá acreditar que se cumplen estos mínimos enviando la información a la empresa comercializadora.

Junto a esto, se permite a Hacienda comunicar a la eléctrica correspondiente, “sin consentimiento del interesado”, si se cumplen dichos mínimos. La normativa añade que no se detallarán a las empresas los datos de renta sino simplemente si se superan esos límites.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ya mostró su rechazo al establecimiento de estos límites de renta, que dejarían fuera de esta tarifa a un “porcentaje considerable” de familias con tres o más hijos, que deberán afrontar un importante incremento del recibo de la luz. Junto a las familias numerosas, pueden acogerse al bono social las residencias con una potencia contratada inferior a tres kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas y los hogares en los que todos sus integrantes se encuentran desempleados.

Se calcula que unos 2,7 millones de hogares tienen esta tarifa, que mantiene precios de 2009, con un coste de unos 200 millones de euros. En 2012, una sentencia del Supremo obligó a cargar esta partida a la parte regulada de la tarifa eléctrica, aunque el Gobierno legislará ahora para que vuelva a ir a cuenta de las eléctricas.