Los municipios pagarán la ‘tregua’ invernal para evitar cortes de luz

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La tregua invernal decretada por la Generalitat para evitar los cortes de suministro de luz y gas entre noviembre y marzo ya está en vigor. Los potenciales beneficiarios la pueden solicitar. Pero ni las compañías de luz y gas saben cómo tienen que actuar para afrontar los casos recibidos, ni los Ayuntamientos tienen listos los protocolos para acreditar qué personas se pueden beneficiar del plan, consistente en el aplazamiento del pago de las facturas. Eso sí, tienen claro que el plan pactado por CiU y ERC tendrá efectos muy limitados y que los municipios deberán seguir aumentando las partidas para cubrir los recibos de servicios básicos de los más vulnerables.

Ayuntamientos y organizaciones humanitarias han pagado durante años esas facturas. Lo hacían a fondo perdido y así seguirá siendo. Pero lo que ahora pagaban todos los meses del año, ahora, en algunos casos, se acumulará a partir de abril. Es a partir de ese mes que se da por acabada latregua invernal y a partir de cuando los beneficiarios de la medida tendrán que empezar a pagar los recibos atrasados, junto a los que sean vigentes en ese momento.
Incluso desde una de las 16 comercializadoras de energía en Cataluña se admite que lo aprobado por la Generalitat provocará un efecto “bola de nieve”. No se cortará la luz, pero el problema seguirá siendo grave porque a partir de la primavera las familias deberán compatibilizar el pago de recibos atrasados con los vigentes.
“Continuaremos como hasta ahora soportando la carga solos: el decreto no hace más que trasladar el gasto”, se queja Raúl Moreno, teniente de alcalde de Bienestar Social de Santa Coloma de Gramenet. “Dilatar el pago no supone reducir la presión sobre las familias ni sobre nosotros”, coincide Javier Villamayor, teniente de alcalde de Servicios a las Personas de Tarragona. “Tramitar las solicitudes será fácil, pero no nos va a solucionar el problema”, afirma también Carme Besa, desde el Consistorio de Súria. Una conclusión similar es de otros Ayuntamientos, como el de Barcelona y Mollet del Vallès. Todos ellos han incrementado las partidas para sufragar gastos básicos de sus ciudadanos durante la crisis y así seguirá siendo en 2014.
Los servicios sociales municipales son la habitual puerta de entrada de las personas con recursos insuficientes para cubrir sus gastos básicos. Ahora tendrán que ser también ellos los encargados de elaborar los informes que permitirán a las personas beneficiarse de la tregua invernal.
Tendrán que ser beneficiarios de la tarifa social —nada habitual—; contar con un informe que asegure que no tienen un gasto excesivo de gas o electricidad; y, sobre todo, acreditar que no superan 569,12 euros de ingresos mensuales. Si es así, podrán demandar una moratoria para pagar el recibo siempre y cuando presenten la petición en los primeros 10 días después de haber recibido la factura en casa. Las entidades sociales han denunciado que son umbrales muy bajos, que dejarán fuera a muchas familias que también lo necesitan.
“Es bastante complicado la aplicación de esos criterios”, señala una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2013 (entre enero y noviembre) dio 2.869 ayudas por un importe de 471.000 euros para gastos de vivienda. Santa Coloma de Gramenet dio 1.010 ayudas en 2013, por un valor de más de 600.000 euros. Tarragona dio a fondo perdido otros 340.000 euros para luz, agua y alimentos. Esas partidas seguirán creciendo, como en el conjunto de municipios.
Los municipios están a la espera de tener algún tipo de comunicación por parte de la Generalitat. El decreto que modifica el Código de Consumo y habilita las nuevas medidas se publicó el 31 de diciembre, días después de que el Gobierno lo aprobara. Y ahora serán los asistentes sociales quienes asuman más presión sobre su trabajo, como recuerda el edil de Santa Coloma de Gramenet.
La medida amenaza también con convertirse en un gran bucle para los cortes de suministro, ya que a la moratoria de entre noviembre y marzo se sumará otro hecho: en Cataluña han de pasar dos ciclos de facturación (cuatro meses) para poder cortar un suministro, lo que, dependiendo de las interpretaciones de las modificaciones legislativas, podría alargar hasta los ocho meses la imposibilidad de cortar el suministro. Otra incógnita es el número total de potenciales beneficiarios de la medida.
Fuente:El pais