El Gobierno ha otorgado 108,5 millones de euros a la comercializadora Endesa para que invierta en tres centrales eléctricas de Menorca, Gran Canaria y Tenerife, y así cumplir con los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la normativa comunitaria 2020, evitando apagones en las islas y continuar operando más allá de ese año.
El otorgamiento ha surgido luego que el operador del sistema eléctrico, REE, haya detectado que en los sistemas eléctricos de Baleares y Canarias existe un riesgo de apagones si no se mantienen abiertas las centrales de Endesa a partir de 2020 y el Gobierno ha habilitado un procedimiento excepcional, incluido en la Ley de PGE de 2018, para que la compañía presidida por Borja Prado pueda acometer las inversiones ambientales que exige la DEI.
En la península, muchas de estas instalaciones han acometido o están acometiendo las inversiones necesarias para cumplir la normativa, pero en el caso de las centrales eléctricas de los territorios no peninsulares, las inversiones debe autorizarlas el Gobierno. Endesa opera estas centrales con un régimen retributivo regulado, con un sobrecoste de unos 1.000 millones de euros al año, que sufragan a partes iguales los consumidores de electricidad se incluyen en los peajes eléctricos y los contribuyentes, por medio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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La orden de Transición Ecológica emite también a Endesa junto con este otorgamiento un régimen retributivo adicional para adaptar instalaciones de tres plantas y prolonga la retribución a otras instalaciones que técnicamente podrían operar pasado 2020, pero cuya vida útil regulatoria de 25 años vence durante los próximos ejercicios.
