El ex alcalde Toni Pérez Prieto y los herederos de un funcionario fallecido devolverán en diez anualidades casi 51.000 euros del «caso Bustillo»
Carreña de Cabrales, Ramón DÍAZ El Ayuntamiento de Cabrales ha sancionado con 500 euros a la empresa eléctrica E.On por las obras que ejecutó en un canal de agua hasta horas antes de que este reventara, el 12 de septiembre de 2012, y provocara la muerte de una mujer, heridas a tres vecinos y la destrucción del barrio de Llambrias, en Arenas. Algunos de los afectados y varios vecinos llegaron a señalar en su día esas obras como una de las presuntas causas de la rotura del canal de agua, algo que descartaron los peritajes realizados durante la investigación judicial.
Las autoridades cabraliegas desvelaron ayer, en el transcurso de un pleno ordinario, que sancionaron a E.On por una infracción leve. A preguntas del Grupo Socialista, el alcalde, Carlos Puente, de Foro, aseguró que la sanción se debió a que la multinacional eléctrica ejecutó junto al canal de agua obras que no se correspondían con la licencia solicitada. En concreto, E.On pidió permiso para realizar tareas de limpieza y desbroce, pero, en realidad, habilitó un camino de más de dos metros de ancho junto a la conducción, cuya rotura provocó una avalancha de 10 millones de litros de agua y 2.000 toneladas de tierra, lodo, piedras y vegetación, que destruyó dos viviendas y dos queserías, así como todas las infraestructuras del barrio de Llambrias.
E.On inició las obras el 3 de septiembre de 2012, pero solicitó la licencia el día 11. El Ayuntamiento concedió el permiso el día 14, cuarenta y ocho horas después de la catástrofe. El Alcalde aseguró durante el pleno que aún hay tiempo para modificar la calificación de «leve» del expediente sancionador y convertirlo en «grave». Dependerá, según indicó, «de cómo responda la empresa», dejando entrever que negocia con E.On algunas mejoras adicionales a la reconstrucción del barrio de Llambrias y de la ladera afectada por el gigantesco alud.
Fue también el PSOE el que, durante el turno de ruegos y preguntas, se interesó por el «caso Bustillo», que ha supuesto la condena a siete años de inhabilitación a dos ex alcaldes de Cabrales, Toni Pérez Prieto y Juan Ángel Bustillo, como autores de un delito de prevaricación. Carlos Puente explicó que se ha alcanzado un acuerdo con Pérez Prieto y con los herederos de un funcionario fallecido para que estos abonen en diez anualidades casi 51.000 euros, correspondientes a las cantidades que el Ayuntamiento pagó por cuotas a la Seguridad Social y descuentos del impuesto de rendimiento de las personas físicas por la falsa contratación de Juan Ángel Bustillo, entonces concejal. Otro funcionario, que estampó su firma en un documento, deberá abonar 600 euros.
El alcalde explicó que el acuerdo alcanzado con las personas que tienen que devolver el dinero abonado indebidamente por el Ayuntamiento fue comunicado al Tribunal de Cuentas, que dio su consentimiento al pago fraccionado en diez anualidades. Los abonos comenzarán el próximo mes de enero, señaló Puente.
El «caso Bustillo» tiene su origen en la falsa liberación, entre 2004 y 2007, de Juan Ángel Bustillo, que militó en el PP hasta hace unos meses. Según el Supremo, este fue «instigador» de la acción delictiva, mientras que Pérez Prieto, que ha sido alcalde por el PP y por Foro y que abandonó esta última formación hace unos meses, la ejecutó «por mero capricho». Los condenados no pueden ser concejales durante siete años, pero sí, por ejemplo, diputados, senadores o eurodiputados.
Fuente: lne.es
