La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Consumo, ha detectado irregularidades en los procesos de contratación de electricidad y gas gracias a una campaña de inspección sobre compañías comercializadoras realizada entre los meses de julio y noviembre.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, en la campaña se han controlado cuatro empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas, y otra compañía que sólo suministra electricidad, seleccionadas a raíz de las reclamaciones recibidas de los consumidores.
INFORMACIÓN TELEFÓNICA CONFUSA
En muchos de los casos reclamados, las empresas no disponen de la justificación documental del consentimiento del cliente para contratar los servicios y cuando existe, suele tratase de una grabación telefónica, que demuestra la identidad del consumidor, pero también que las locuciones telefónicas del personal comercial no orientan al cliente, centrándose en determinadas ventajas que va a obtener si presta sus datos en ese momento, pero sin precisar que está cambiando de compañía, por ejemplo.
Como consecuencia la inspección, las empresas controladas están procediendo a regularizar la situación y devolver el dinero. Una de ellas está revisando unos 4.000 contratos sólo en nuestra región.
Además, están mejorando los sistemas de control de calidad, como la implantación de una llamada telefónica de verificación «en caliente», cuando la contratación acaba de producirse, para que el consumidor verifique frente a otra persona su consentimiento contractual.
En cuanto a los documentos contractuales, las irregularidades detectadas se refieren a los de suministro de electricidad. En estos casos, el contrato aparece formalmente realizado con el titular propietario, aunque el suministro lo haya realizado el inquilino, quien solicita el servicio y firma el documento.
FACTURAS
En la misma línea, las facturas de gas cumplen la normativa de manera generalizada, mientras que las de suministro eléctrico tienen algunas incorrecciones, como el caso de dos empresas por acumulación de varios meses en la misma factura o incumplimientos de la normativa en cuanto al detalle de información. Además, en dos casos no se informaba de la tarifa de acceso contratada y en otros tres no se indicaba la fecha de finalización del contrato. Sin embargo, se cumple en general sobre la obligación de emitir facturas bimestrales y basadas en lectura real.
Por último, no se ha detectado una presencia importante de cláusulas abusivas y las compañías disponen en todos los casos analizados de teléfonos gratuitos para atención al cliente.
Fuente: madridpress
