Una parte de los hogares gallegos y pequeños negocios habrán recibido en las últimas semanas la visita de algún agente comercial, llamadas telefónicas o cartas que ofrecen descuentos en el recibo luz, propuestas para cambiar de compañía eléctrica o para mejorar las condiciones del contrato que tienen con la suya.
La reformas que el Gobierno está desplegando en la facturación de la electricidad y la confusión generada por esas mismas reformas han abonado el terreno para la pugna entre empresas por captar clientes.
En un mercado normal, esa competencia debería conducir a una rebaja del recibo, pero por ahora no puede afirmarse que haya sido así. Por lo pronto, y a consecuencia de las últimas decisiones del Ministerio de Industria, en este momento es imposible comprobar si cualquiera de las ofertas que hacen las eléctricas supone un ahorro efectivo en relación a la tarifa regulada por el propio Gobierno. Si cabía, el arcano del precio de la luz se ha vuelto aún más inescrutable.
Mercado libre o regulado. Desde mediados de 2009, los hogares españoles tienen la facultad de elegir la compañía que les vende la luz, algo imposible hasta entonces. Las familias pueden hacer en realidad una primera elección básica desde entonces: continuar con su compañía de siempre acogidas al precio que regula por completo el Gobierno (tarifa) o abandonarlo y aceptar una oferta de cualquier compañía, incluida la suya, pasándose al denominado mercado libre, donde el precio lo marca la empresa, aunque de hecho la mayor parte corresponde a costes que también decide la Administración.
Cinco años después, más de 16 millones de clientes domésticos permanecen en la tarifa regulada y 8,5 millones la han dejado y tienen contratos en el mercado libre. Otra cosa es que todos ellos sean conscientes de que sea así. Asociaciones de usuarios han denunciado con profusión falta de transparencia y otros ardides de las eléctricas para que los hogares abandonen el precio regulado.
El precio. Una cosa es que haya cierta pugna comercial entre las eléctricas y otra que eso se haya trasladado a los precios. Las fallidas políticas energéticas y la ausencia de competencia efectiva por los comportamientos oligopolísticos de las grandes compañías han provocado, según una opinión extendida entre los expertos más críticos con el sistema, la paradoja del mercado del kilovatio: a medida que avanzó la supuesta liberalización, se encareció más y más el precio de la luz (hasta el 60% durante la crisis).
Subió espectacularmente la tarifa regulada y lo hicieron también al unísono los precios para quienes estaban en el mercado libre. De hecho, estos contratos venían incluyendo descuentos modestísimos en relación a la tarifa gubernamental -apenas un euro al mes, porque las eléctricas alegan que no tienen margen- y se revisaban automáticamente al alza cuando, cada tres meses, subía la citada tarifa. Los ahorros han sido algo más significativos para los clientes de aquellas compañías que ofertaron de manera conjunta los servicios de luz y gas.
Las nuevas ofertas. Todas las principales compañías han reformulado sus ofertas para el mercado libre en las últimas semanas y emprendido campañas para captar clientes o fidelizar a los propios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de una herramienta informática que permite comparar tales ofertas. Los resultados de ayer muestran que, para un consumo de 4.000 kilovatios/hora al año con 4,6 kilovatios de potencia contratada (gasto de luz propio de un hogar con un equipamiento medio y calefacción de gas), el precio más bajo es el de Alcanzia, una pequeña comercializadora (823,8 euros anuales), seguido del que ofrece EDP–HC (828 euros).
Pero de esa herramienta para comparar ha desaparecido últimamente la tarifa regulada, la referencia que en teoría permitía conocer si al cliente le suponía un ahorro real en el recibo salir de la tarifa y contratar en el mercado libre. Ocurre de ese modo porque, si hasta ahora era difícil saber el precio del kilovatio de manera anticipada, con el cambio de sistema que tiene en marcha el Gobierno resulta prácticamente imposible para el usuario y para la propia Administración. Una parte de esa tarifa (en torno al 30%) dependerá de las variaciones que cada hora y cada día tienen los precios en el llamado mercado mayorista de la luz, dominado por las grandes compañías y, particularmente, por dos de ellas (Endesa e Iberdrola).
Penalizaciones. Alguna organizaciones de consumidores han empezado a poner el foco sobre la letra pequeña de los contratos que ofrecen las empresas. Allí pueden aparecer sorpresas. Como el hecho de que varias compañías están aplicando ya cláusulas de permanencia, del estilo de las que tanta polémica han generado en el mercado de la telefonía. Suponen que si el cliente decide cambiar de compañía o volver al mercado regulado antes de que expire el plazo del contrato (generalmente un año), sufrirá una penalización económica. Otra práctica que se ha detectado: casos de comercializadoras que rebajan los precios unos meses y luego los suben intensamente.
La tarifa no desaparece. La CNMC ha abierto expediente a varias eléctricas por anuncios e informaciones que inducen a equívoco. Así, algunas prácticas comerciales pueden llevar a los usuarios a creer que la tarifa regulada desaparece, cuando no es cierto. Sí cambia de nombre y cambia la forma de determinar el coste de una parte del recibo (la energía consumida), que dependerá de otro arcano: el funcionamiento del mercado mayorista, muy volátil. El Gobierno afirma que así la luz costará un 3% menos. Las autoridades de Consumo y las asociaciones de usuarios recomiendan, ante la agitación del mercado y las incertidumbres sobre tales reformas, no tomar decisiones precipitadas y esperar a que escampe el nuevo embrollo eléctrico.
Fuente: Faro de vigo
