El grupo parlamentario de IU ha presentado una proposición no de ley en la que pide que la Consejería de Agricultura ponga en marcha una «línea específica» de apoyo para agricultores, ganaderos y comunidades de regantes, ante las repercusiones en el sector del aumento de la factura eléctrica.
Se trata de una iniciativa, que será debatida en la comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía, en la que se insta también al Gobierno central a que modifique la normativa eléctrica aprobada en agosto del 2013 por las «consecuencias negativas» que tiene el incremento de la tarifa eléctrica en el regadío del campo andaluz.
La proposición no de ley propone además que la Consejería de Agricultura promueva una estrategia que fomente el uso de las energías alternativas para que disminuya la dependencia de las eléctricas.
La portavoz de Agricultura de IULV-CA, Dolores Quintana, ha explicado en conferencia de prensa que el coste eléctrico es «hoy por hoy, una de las grandes amenazas» del sector agrario, y particularmente del regadío andaluz, que ocupa una superficie de 1,1 millones de hectáreas.
Ha asegurado que en los últimos cinco años se ha reducido en un 65 % el apoyo económico del Estado a la agricultura, y ha incidido en que la factura eléctrica se ha incrementado en más de un 200 %.
En la misma rueda de prensa, el secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, ha denunciado que el incremento de las tarifas no es ya un «abuso», sino que se ha convertido en una «actitud mafiosa» dada la dependencia actual de la energía eléctrica.
Tras recordar que el regadío es un cultivo «estacional», se ha preguntado por qué hay que pagar una factura de carácter permanente sin tener en cuenta el consumo real, y ha denunciado que esta situación está «condenando» al sector.
López ha recordado que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo la primera movilización, ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, de una serie de protestas que llevarán a cabo las organizaciones agrarias.
Fuente: Finanzas