La apertura a la competencia de un sector monopolizado históricamente por la compañía dominante en cada territorio era demanda histórica de las asociaciones de consumidores. El proceso fue lento. La directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo arbitró la apertura total de los mercados nacionales del gas y fue el andamiaje para que, traspuesta a nuestra legislación, el sector del suministro de gas se liberalizara a partir del 1 de enero de 2008 y el de la electricidad, a partir del 1 de julio de 2009.
Hasta entonces, en el Observatorio que realiza la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) las quejas sobre el sector energético eran anecdóticas, apenas aparecían; ahora se ha asentado como segundo sector más problemático, por detrás de la telefonía y por delante del bancario.
Por cifrarlas en números, aunque posiblemente sean muchas más, las consultas realizadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) han sido una constante siempre al alza. En 2009, con dos años del sector de gas liberalizado y uno del eléctrico, las consultas se dispararon. La novedad y las dudas provocaron el mayor número de consultas recibidas hasta el momento. De 216 en 2008 se pasó a 911. 2010 fue un año tranquilo a juzgar por las 431 consultas recibidas, frente a los dos anteriores, 2011 y 2012, asentadas en 623 y 685, respectivamente.
Unas consultas que menguan al traducirse en expedientes de reclamación. Detrás de esta reducción se adivinan varias razones; las dos principales apuntan a la costosa vía judicial, puesto que las reclamaciones se tramitan a través de la Fiscalía, y a la falta de consistencia argumental. Porque una cosa es reprobar las técnicas comerciales de quienes llaman a la puerta y otra muy distinta que estas constituyan motivo de sanción por más que rocen el embuste.
«No me enseñó la acreditación cuando se la pedí y luego se quedó en las escaleras el edificio, fumando y criticándome por teléfono con otra persona, supongo que para que yo oyera lo que decía de mí». El relato de esta vecina de La Carriona es representativo de lo que ocurre cuando la consumidora muestra sus recelos. Dacio Alonso, presidente de la UCE, avala el testimonio. No le hace falta conocer este caso al detalle, es un calco de otras prácticas comerciales carentes de escrúpulos reportadas a la organización. «Ahora mismo tenemos varios casos en Fiscalía de comerciales que incluso han falsificado la firma de los consumidores. En el último, sin ir más lejos, la víctima es una persona discapacitada», detalla.
«Me abordaron diciendo que me tenía que haber llegado una carta de la compañía porque como la mía es extranjera, yo tendría que tramitar mi factura con una empresa española», continúa explicando M. N. S. Mismo argumento utilizado con M. L. A., vecina del centro de la ciudad, que no tuvo que aguantar el comportamiento vejatorio descrito por la primera porque ella sí se dejó engatusar. «Me di cuenta del engaño cuando se lo conté a mis hijas. No me explico, con lo desconfiada que soy, cómo pude picar», admite con cierto rubor. En ambos casos, la explicación de las comerciales aludió tanto a la identidad del operador dominante en Asturias, HC Energía, de capital extranjero (EdP), como al monto total de la factura energética, un concepto más sensible en estos últimos tiempos.
El problema de fondo es que todas estas tácticas comerciales, incluso las de marketing o promocionales llevadas a cabo entre los propios clientes de una compañía, están orientadas, según denuncia Dacio Alonso, a «incrementar el recibo trasladando a los clientes de la tarifa de último recurso, la más económica y regulada por la ley, al mercado liberalizado». Así es que «en los últimos cinco años, la factura eléctrica se ha incrementado un 70%». Asegura que con estas prácticas muchos clientes han perdido el bono social al que tenían derecho. «El 20% de los asturianos tiene dificultad para pagar la factura a fin de mes, en el mercado regulado se ofrecía una moratoria de dos meses, en el liberalizado son quince días», apunta Alonso.
Son, precisamente, las dudas sobre la conveniencia o no de cambiar de compañía, uno de las tres motivos presentes en los 60 expedientes de reclamación tramitados desde la OMIC en lo que va de año, mera intermediario en el proceso. Los datos registrados en la oficina son clarificadores.
La contratación de los servicios de mantenimiento y los problemas con la lectura de contadores y facturación, son los otros dos elementos presentes en las reclamaciones gestionadas en lo que va de año.
El caso de A. S. L., vecino del centro de Avilés, sonaría a broma si varios avilesinos más no hubieran sufrido lo que, a todas luces, parece ser un engaño. «Mi factura de gas se cuadriplicó de repente sin ningún motivo y lo único que conseguí, tras varias llamadas a un 902 de Iberdrola, de no menos de diez minutos cada una, fue el compromiso de que revisarían el contador para detectar alguna posible anomalía», explica. Entremedias de este proceso, la compañía, como síntoma de buena voluntad, intentó tranquilizarlo emitiendo la siguiente factura rebajada sobre la base de una «estimación de gasto» de las anteriores. Fue un espejismo porque el recibo que llegó a continuación volvió a las andadas, unos 450 euros de consumo bimestral.
«Es desesperante. Llamas, hablas con contestadores, te pasan a unos y a otros y no consigues nadas», concluye hastiado. De nada vale amenazar a la compañía con no pagar porque puede cortarte el suministro en cualquier momento así que A. S. L. optó por pagar religiosamente y tramitar el cambio de empresa. «Mi penúltima llamada, porque no me atrevo a decir que sea la última, fue para preguntar cuánto quedaba por pagar para no saber nada más de ellos», continúa. Pagó los 12,30 euros que, al parecer, todavía adeudaba y respiró tranquilo… hasta que le llegó un nueva factura con 8 euros en concepto de alquiler de equipos, aún después de haber cambiado de compañía.
La lectura estimada es, según confirma el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, el concepto más reclamado. Y va más alla: «el 10% de los asturianos lleva más de un año sin recibir ni en tiempo ni en forma su factura eléctrica, con el impacto que esto supone para una economía familiar». Dacio Alonso apunta dos causas: la propia regulación del sector y el comportamiento abusivo de las compañías. En realidad, la pescadilla que se muerde la cola con «unas leyes creadas para satisfacer al sector».
Fuente: elcomercio.es
