Los principales convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Málaga iban a reportar a las arcas municipales 163,5 millones de euros. De momento sólo han llegado 23,6 millones. Y no se espera mucho más, al menos en metálico.
Cuando en verano de 2006 el alcalde, Francisco de la Torre, anunciaba pletórico la firma de varios acuerdos con empresas privadas para construir y transformar la ciudad con grandes torres residenciales, amplias zonas comerciales y espacios verdes, no se podía imaginar las nubes negras que llegarían a finales de 2007 y la tormenta económica que estalló pocos meses después.
Calor y cielo despejado. La Gerencia de Urbanismo echaba humo. Edificabilidad, aprovechamientos urbanísticos, planeamiento… dinero contante y sonante que iba dar liquidez al Consistorio y a enriquecer, por ende, a grandes empresas metidas a promotoras, como Telefónica, Repsol o Endesa, dispuestas a construir en la capital más de 2.800 viviendas.
Pero los procedimientos urbanísticos, complejos ya de por sí, se torcieron, y no fue hasta 2011 cuando se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. La situación económica entonces distaba mucho de la de 2006 y la mayoría de las empresas no quería o no podía pagar las altas sumas.
«Hay que recordar que la tardanza en la aprobación del Plan General de la ciudad por culpa de la Junta de Andalucía ha perjudicado en este sentido a Málaga», opina el concejal delegado de Urbanismo, Francisco Pomares, quien considera que el tiempo transcurrido y el escenario inestable influyeron en las circunstancias de algunas de esas empresas, apeadas ahora de la aventura inmobiliaria y que no pagarán al Ayuntamiento lo pactado.
Para la oposición, como IU, los privados han conseguido que el equipo de gobierno «les exima del pago de esas obligaciones y acepten negociar a la baja y a cambio de plusvalías».
El más importante de los convenio urbanísticos firmado por el Ayuntamiento en toda su historia fue el de Repsol o las torres de Comarex, tasado en 82,3 millones de euros, sobre unos terrenos donde, además, el equipo de gobierno del PP se había comprometido a ejecutar un parque, aunque el PGOU vigente ya daba un uso residencial. Pero el convenio con Comarex multiplicaba por tres la edificabilidad permitida e incluía el que iba a ser el edificio más alto de la ciudad: una torre de 160 metros de altura con 40 plantas.
Las torres se quedaron en maquetas y a finales de 2012 y tras años de negociación el Ayuntamiento asumió que iba a recibir suelo y aprovechamientos en lugar de los 70,3 millones de euros pendientes. La adenda se firmó con la promotora de NovaGaliciaBanco, que recibió los suelos de la inmobiliaria Comarex, incapaz de sacar adelante el proyecto. La entidad bancaria llegó a calificar estos activos como «tóxicos» y así pasaron al ‘banco malo’, es decir, a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
El Consistorio quiere vender los 118.000 metros cuadrados de techo edificable que le corresponden, la mayoría de ellos residenciales, para recuperar ese dinero y la Gerencia de Urbanismo ha tramitado una división del proyecto en ocho sectores independientes que serán subastados o vendidos por separado al mejor postor.
En ese mismo verano de 2006 se firmaba la nueva ordenación de los terrenos de la antigua Citesa, propiedad de la compañía Telefónica, en Martiricos, con tres grandes edificios de 20 plantas y un total de 674 viviendas. Por este convenio, el Ayuntamiento recibiría 23,2 millones.
De momento se mantiene en pie y las arcas municipales ingresaron 11,6 millones de euros. Ahora, el Ayuntamiento ha aceptado una adenda al convenio para cobrar en metálico sólo 4,5 millones de los restantes y los otros 7,1 pendientes serán aportados por la propietaria, Inmobiliaria Espacio y Unicaja, en obras y suelo. También se ha aceptado un escalonamiento temporal de pago de la mitad de la aportación.
Fuente: El Mundo
