El pleno del Parlamento catalán ha aprobado hoy con una amplia mayoría interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Sector Eléctrico del Gobierno del PP, que fue aprobada en diciembre por el Congreso, al entender que contiene artículos que vulneran la Constitución y el Estatut.
El recurso, que había sido solicitado por cuatro grupos (CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA) ha contado también con el apoyo de la CUP, por lo que ha sido aprobado por 101 votos a favor, 18 en contra (PP) y 9 abstenciones (Ciutadans).
Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias emitiera un dictamen en el que se indicaban múltiples aspectos de la Ley del Sector Eléctrico susceptibles de ser anticonstitucionales o antiestatutarios, el Parlament ha decidido recurrir los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51 y 52.4, además de la disposición final segunda.
La diputada de CiU Montserrat Ribera ha recordado que este recurso de inconstitucionalidad «se suma a los muchos que ya han tenido que interponer el Paralment y el gobierno catalán ante la ofensiva recentralizadora del gobierno del PP».
Según el diputado de ERC Marc Sanglas, en la Ley del Sector Eléctrico «no sólo hay un ‘expolio’ territorial de competencias, sino también a los ciudadanos, y todo para mantener una casta, unos grupos de presión, unos ‘lobbies’, que hacen su agosto a costa nuestra, y no precisamente para servir a los intereses generales».
El diputado del PSC Xavier Sabaté ha insistido, por su parte, en que esta ley promovida por el gobierno central «invade» competencias de la Generalitat hasta el extremo de que «imposibilita la acción del Govern» en muchos ámbitos.
Sabaté ha añadido que el Gobierno de Mariano Rajoy se rige por una doble voluntad: «el centralismo político», de un lado, y «el concebir la gestión del sistema energético a partir de grandes monopolios», por otro.
Para la diputada de ICV-EUiA Ortènsia Grau, la ley del sector eléctrico «se enmarca dentro de una reforma del sector hecha por el PP sin las más mínimas garantías de participación, de información, o transparencia, invadiendo competencias de la Generalitat e incumplimiento normativas de la UE».
«Se trata -ha apuntado- de una legislación recentralizadora pensada para favorecer los oligopolios eléctricos», y ha alertado que «no sólo se vulneran competencias, sino también derechos básicos de los ciudadanos, además de perpetuar errores».
Por parte de la CUP, Quim Arrufat ha denunciado que, mientras que «los costes de la producción eléctrica disminuyen suben las tarifas, que son las más caras de Europa» y ha atribuido el denominado «déficit de tarifa» a «los costes no admitidos públicamente que comportan instalaciones como las centrales nucleares».
El PP ha defendido en el Parlament la Ley del Sector Eléctrico y su diputada María José García Cuevas ha indicado que su partido rechaza el recurso porque no cree que la ley sea inconstitucional, ni tampoco que haya base legal suficiente para recurrirla.
Según esta diputada del PP, si la ley perjudica a las energías renovables es porque «las primas» que se pagaban habían subido excesivamente y para preservar la viabilidad del sector eléctrico.
Desde Ciutadans (C’s), Inés Arrimadas ha explicado la abstención de su grupo porque, por una parte, su formación no tenía intención de apoyar un recurso ante el TC, pero por la otra, está en contra «de la reforma del sector eléctrico hecha por el PP».
«Estamos en contra porque desincentiva las energías renovables y penaliza el autoconsumo, crea una gran inseguridad jurídica, y beneficia sólo a empresas en las que partidos como PP, PSOE y CiU tienen miembros suyos en sus consejos de administración».
Fuente: la vanguardia
