Las reclamaciones sobre telecomunicaciones, entidades financieras y electricidad han acaparado el 74,55% de la conflictividad y demanda de información de los consumidores riojanos en el año 2013, tal como ha informado este viernes la asociación Informacu Rioja-FUCI, con motivo de la celebración, este sábado, del Día del Consumidor.
En concreto, en el año 2013, de las 608 personas que atendió Informacu Rioja-FUCI, un 35,67% lo hicieron motivadas por conflictos con las telecomunicaciones, (facturación incorrecta, problemas al darse de baja,…); el 28,66% por las entidades financieras (comisiones, «preferentes»…) y un 19,44 % por el suministro eléctrico (lecturas estimadas, factura-ción,…).
El bloque compuesto por las Reparaciones a Domicilio, Talleres de Reparación de Vehículos y Viajes, representaron, en conjunto, el 10,38%. Otros sectores, caso de Comercio, Vivienda, Alimentación, Tintorerías, Seguros, no llegan cada uno de ellos al 1,25% del escalafón de conflictividad de los consumidores-usuarios riojanos.
Como refleja Informacu en un comunicado, los abusos por parte de las compañías telefónicas aglutinan el grueso de las reclamaciones- con problemas de toda índole.
Especialmente, estos problemas se refieren a la facturación, por inaplicación de ofertas relacionadas con la integración de los servicios de telefonía móvil, fija y ADSL, o por la mala instalación de fibra óptica con la eliminación del cable de cobre reduciendo la posibilidad de competencia por los costes de volver a instalar ADSL por otra compañía.
También los consumidores riojanos han reclamado por la aplicación de penalizaciones por cancelaciones de permanencias injustificadas, desproporcionadas y abusivas. Igualmente, la asociación ha detectado que continúan sin informar correctamente al consumidor sobre sus condiciones contractuales, pues raramente se consigue acceder al contrato.
Para el presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, «el mayor problema es que no se aplica ningún tipo de sanción coercitiva a las compañías que además utilizan las OMIC y las Juntas Arbitrales de Consumo como órganos de resolución de sus propias reclamaciones para evitarse el gasto en un servicio de atención al cliente adecuado. ¿La solución? Que la Administración cobre a las empresas por cada reclamación que tramiten».
Fuente: europa press
